1 de marzo de 2009
Tras la aprobación de la Constitución de 1978, el 1 de marzo de 1979 marcó el inicio de una serie de elecciones generales que ha vivido España al abrigo de la actual Constitución, que en aquella ocasión refrendaron la continuidad de Adolfo Suárez al frente del Gobierno español. En aquella ocasión el partido de Suárez, la UCD, obtuvo 168 diputados.
Con 121 diputados, las pretensiones del PSOE tuvieron que esperar para hacerse realidad, aquellas elecciones supusieron un amago de dimisión de Felipe González, mientras que el PCE se quedó en los 23, la Coalición Democrática de Manuel Fraga vio cómo se reducía su representación a 9 parlamentarios, CiU obtenía 8, 7 el PNV, 5 el Partido Socialista de Andalucía, 3 HB, y 1 ERC, EE, Unión del Pueblo Canario, Unión Nacional (Blas Piñar), el PAR y UPN.
En aquella ocasión la investidura del presidente Suárez arrojó los siguientes resultados: 183 a favor (UCD, Coalición Democrática, Partido Socialista Andaluz, Partido Aragonés Regionalista y Unión del Pueblo Navarro), 149 en contra (PSOE, PCE, PNV, EE, ERC, UN y UPC), 8 abstenciones (CIU) y 9 ausentes. Es decir, ya en aquellas primeras elecciones fue necesario contar con apoyos puntuales de partidos minoritarios (de corte nacionalista o regionalista) para conseguir el poder en el Gobierno de la nación. El PSA buscaba un mayor autogobierno para Andalucía, UPN buscaba el distanciamiento del País Vasco en la futura configuración de su autonomía política, etc.
Desde ese momento, y por aplicación de una injusta ley electoral, siempre ha debido contarse con esos partidos en el Parlamento para la obtención de la Presidencia del Gobierno, con las contadas excepciones de las mayorías absolutas de González y Aznar.
PNV y CIU han tenido, además de otros partidos como Coalición Canaria o ERC, de una manera u otra, la capacidad de, con sus votos, ser decisivos en Madrid, siempre a cambio de concesiones económicas, cesiones de competencias permanentemente y, en algunos casos, a cambio del poder en sus respectivas Comunidades o a cambio de modificaciones en sus Estatutos que rayan la inconstitucionalidad. En definitiva, un sistema que, pervirtiendo la decisión de la mayoría de los españoles, ha dado esa preponderancia al voto nacionalista, convirtiendo a los partidos nacionales en cautivos de esos partidos nacionalistas.
Cuando escribo esto, se está pendiente de las elecciones gallegas y vascas que se celebran hoy. Y, siendo importantes, lógicamente para su ámbito territorial, se las mira con lupa por los efectos que pueden tener en la política nacional. La posibilidad de que haya un Lehendakari perteneciente a un partido distinto del PNV se ve difícil, en la medida en que Zapatero sabe que depende de los votos de dicho partido en Madrid. La alternancia en Galicia se interpreta como posible balón de oxígeno en toda España del desgastado primer partido de la oposición, el PP.
En definitiva, hoy podríamos celebrar 30 años de elecciones constitucionales libres. Pero mucho me temo que, si no cambian las cosas, y partidos que puedan ser alternativa a esa bisagra imperfecta que representan los partidos nacionalistas, la situación seguirá siendo la misma en los próximos años.
Por eso, la presencia de un partido como el nuestro, Unión, Progreso y Democracia, con un mismo discurso en toda España, con una idea clara del país, y con propuestas que afectan precisamente a la base normativa que ha permitido esta situación estos años, debe suponer un motivo de esperanza para todos.
Tras la aprobación de la Constitución de 1978, el 1 de marzo de 1979 marcó el inicio de una serie de elecciones generales que ha vivido España al abrigo de la actual Constitución, que en aquella ocasión refrendaron la continuidad de Adolfo Suárez al frente del Gobierno español. En aquella ocasión el partido de Suárez, la UCD, obtuvo 168 diputados.
Con 121 diputados, las pretensiones del PSOE tuvieron que esperar para hacerse realidad, aquellas elecciones supusieron un amago de dimisión de Felipe González, mientras que el PCE se quedó en los 23, la Coalición Democrática de Manuel Fraga vio cómo se reducía su representación a 9 parlamentarios, CiU obtenía 8, 7 el PNV, 5 el Partido Socialista de Andalucía, 3 HB, y 1 ERC, EE, Unión del Pueblo Canario, Unión Nacional (Blas Piñar), el PAR y UPN.
En aquella ocasión la investidura del presidente Suárez arrojó los siguientes resultados: 183 a favor (UCD, Coalición Democrática, Partido Socialista Andaluz, Partido Aragonés Regionalista y Unión del Pueblo Navarro), 149 en contra (PSOE, PCE, PNV, EE, ERC, UN y UPC), 8 abstenciones (CIU) y 9 ausentes. Es decir, ya en aquellas primeras elecciones fue necesario contar con apoyos puntuales de partidos minoritarios (de corte nacionalista o regionalista) para conseguir el poder en el Gobierno de la nación. El PSA buscaba un mayor autogobierno para Andalucía, UPN buscaba el distanciamiento del País Vasco en la futura configuración de su autonomía política, etc.
Desde ese momento, y por aplicación de una injusta ley electoral, siempre ha debido contarse con esos partidos en el Parlamento para la obtención de la Presidencia del Gobierno, con las contadas excepciones de las mayorías absolutas de González y Aznar.
PNV y CIU han tenido, además de otros partidos como Coalición Canaria o ERC, de una manera u otra, la capacidad de, con sus votos, ser decisivos en Madrid, siempre a cambio de concesiones económicas, cesiones de competencias permanentemente y, en algunos casos, a cambio del poder en sus respectivas Comunidades o a cambio de modificaciones en sus Estatutos que rayan la inconstitucionalidad. En definitiva, un sistema que, pervirtiendo la decisión de la mayoría de los españoles, ha dado esa preponderancia al voto nacionalista, convirtiendo a los partidos nacionales en cautivos de esos partidos nacionalistas.
Cuando escribo esto, se está pendiente de las elecciones gallegas y vascas que se celebran hoy. Y, siendo importantes, lógicamente para su ámbito territorial, se las mira con lupa por los efectos que pueden tener en la política nacional. La posibilidad de que haya un Lehendakari perteneciente a un partido distinto del PNV se ve difícil, en la medida en que Zapatero sabe que depende de los votos de dicho partido en Madrid. La alternancia en Galicia se interpreta como posible balón de oxígeno en toda España del desgastado primer partido de la oposición, el PP.
En definitiva, hoy podríamos celebrar 30 años de elecciones constitucionales libres. Pero mucho me temo que, si no cambian las cosas, y partidos que puedan ser alternativa a esa bisagra imperfecta que representan los partidos nacionalistas, la situación seguirá siendo la misma en los próximos años.
Por eso, la presencia de un partido como el nuestro, Unión, Progreso y Democracia, con un mismo discurso en toda España, con una idea clara del país, y con propuestas que afectan precisamente a la base normativa que ha permitido esta situación estos años, debe suponer un motivo de esperanza para todos.
Publicado en la web provincial de UPyD: http://upyd.es/andalucia/cadiz
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